A pesar de los avances importantes que se logran antes de 1950, se sigue presentando un distanciamiento entre ese primer esfuerzo de política cultural estatal y la realidad nacional; en un contexto en donde ya al inicio de la década del 50 se va produciendo una migración importante a las ciudades de la costa y en donde van emergiendo en dinámica y apresurada síntesis, nuevas manifestaciones culturales producto de esos desplazamientos, la realidad desborda los intentos de definir una política cultural; además, en ese periodo se va advirtiendo los inicios de una especie de mono culturalismo que va privilegiar a la cultura occidental y específicamente a formas clásicas del arte. Así pues, queda todavía alejada de la percepción estatal los aspectos relativos a la cultura de masas y a la propia multiculturalidad del país.
La revolución militar que trae abajo el segundo gobierno de Manuel Prado (1962), dedica un espacio a las decisiones concernientes a la cultura al crear la llamada Comisión Nacional de Cultura, con el fin de consolidar la cultura nacional en sus múltiples manifestaciones; pero lo importante es que como ente ejecutivo de esa Comisión se crea la Casa de la Cultura del Perú que implica un intento de modernizar y estructurar eficientemente los diferentes ámbitos del sector cultura; fue así que todas las entidades culturales estatales pasan a depender de la Casa de la Cultura. Conciliando con las preocupaciones esbozadas en su reglamentación, la presencia en la Dirección de la Casa de la Cultura, de un eminente escritor como José María Arguedas, generó una nueva orientación que buscó potenciar todas las manifestaciones culturales y en especial aquellas ligadas a las clases populares. No descuidó la tarea de defensa del patrimonio cultural ni la proyección de las diversas actividades culturales como el folclore, la música clásica, el teatro, entre otras, a los diversos contextos sociales no solo limeños sino del país en general. Mas adelante, la Ley de Fomento de la Cultura (1965), precisó los objetivos generales del Estado en el campo cultural así como también reconoció las múltiples manifestaciones culturales presentes en el territorio peruano, dentro de un respeto a la creación individual y colectiva; de esa manera en esa Ley se realizó el primer esfuerzo concreto por parte del Estado en definir una política cultural para el país. Otros campos se fueron abriendo a la reglamentación y la reflexión: el refuerzo de los derechos de autor, los beneficios tributarios que genera el apoyo a la cultura, las exoneraciones tributarias a medios de difusión cultural o los dispositivos que promueven el perfeccionamiento académico y profesional de las personas ligadas al quehacer cultural. Este primer ensayo de relativo aliento y con intelectuales reconocidos en la conducción y toma de decisiones, se cierra cuando en 1971 se crea el Instituto Nacional de Cultura.
La revolución militar del Gral. Juan Velasco Alvarado, dentro de la corriente reformista y radical que lo lleva a remover los cimientos de un Perú influido por ciertos grupos tradicionales, toca inexorablemente el campo de la cultura. Dentro del plan de desarrollo gestado al interior del gobierno, las exigencias de lograr una sociedad mas justa y libre de toda discriminación, lleva a la promulgación de la Ley Orgánica del Sector Educación (mayo de 1971), en donde se crea el Instituto Nacional de Cultura, que será definido en su organización y funciones por un Decreto Ley en el siguiente año. El Instituto Nacional de Cultura nació como un organismo público descentralizado del sector educación, con el fin de proponer y ejecutar la política cultural del Estado y proteger y conservar el patrimonio cultural de la Nación, buscaba también difundir la cultura en todos los contextos sociales y favorecer la creatividad de la población. La Dirección Nacional era el cargo mas alto dentro del organigrama, la cual era apoyada por órganos asesores de apoyo y de consulta; varias direcciones técnicas abordaban los ámbitos mas importantes del quehacer cultural, así como numerosos órganos de ejecución se integraban a la estructura orgánica del I.N.C.; otro rubro importante era su presencia en todo el territorio nacional a través de filiales en las diferentes capitales de departamento.
Con el I.N.C. se fueron definiendo apoyos sustanciales al quehacer artístico, literario y científico del país; entre premios y becas se pretendía estimular la creación cultural aunque con las limitaciones que imponía la situación económica del país. Producto también de esa etapa inicial fue el documento titulado Bases de la Política Cultural de la Revolución Peruana, que recogía los fundamentos teóricos que animaban la política cultural de ese gobierno. Muchas actividades, publicaciones y eventos se realizaron durante la etapa del gobierno militar.
En 1980 retorna la democracia bajo una nueva Constitución en donde el tema de la cultura se dispersa en numerosos títulos y capítulos, que responden a una auténtica preocupación de los legisladores pero sin un fundamento sólido e integrador, lo cual genera diversas críticas, muchas de ellas acertadas. Esa falta de coherencia no impide que los elementos contenidos en ella no hayan propiciado acciones concretas a favor de la cultura. Así, durante el segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry, se intentó replantear la organización y funciones del I.N.C., así como también se limitaron algunos de los alcances ya logrados como el reconocimiento del multiculturalismo y la planificación cultural. En la práctica, diferentes dispositivos iban separando del I.N.C. organismos como la Biblioteca Nacional, el Archivo General de la Nación, la Escuela Nacional de Música y la Escuela Nacional de Bellas Artes. Sigue presente el Consejo Nacional de Cultura como ente que formula y coordina la política cultural del país y del cual el I.N.C. es ejecutor. Por otra parte, la Ley Orgánica de Municipalidades (1984) asigna a las Municipalidades responsabilidades en el campo de la cultura, lo cual propicia la creación de organismos al interior de los gobiernos locales que desarrollan y promueven actividades culturales. Otro aspecto importante en esa etapa es la promulgación de la Ley de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación (1985), que generó intenso debate, pues algunos consideraban que no propiciaba una verdadera protección del patrimonio cultural, sin embargo constituye una base importante para tal efecto. En medio de discusiones sobre la pertinencia o no de la intervención del Estado en áreas tan delicadas como la creatividad, en la realidad de su alejamiento de las funciones que debería tener en el campo de la difusión y promoción cultural, así como su desentendimiento de la realidad multicultural del país, se produjo una progresiva pérdida de presencia del Instituto Nacional de Cultura.
Con el gobierno de Alan García Pérez (1985-1990) se generaron ciertos vientos de cambio en las tradicionales relaciones entre Estado y Cultura; uno de los aspectos mas importantes fue la acción del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que publicó mas de 3000 libros que recogían el producto de investigaciones científicas y de la creatividad artística de muchos peruanos, además se concedieron miles de becas de post grado en las universidades del país. Decisiones personales del Presidente, como la de crear el Museo de la Nación en el antiguo Ministerio de Pesquería, fueron ejemplo de un particular interés por el campo de la cultura; a dicho museo se pretendió trasladar toda la riqueza arqueológica depositada en el antiguo Museo Nacional de Arqueología de Pueblo Libre, lo cual felizmente no se realizó debido a que la infraestructura asignada no reunía las condiciones para albergar un museo de tal magnitud. En ese gobierno se promovió también la realización de gigantescos eventos culturales y la realización de congresos y eventos académicos de diferente naturaleza; por otra parte, se acentuaron los mecanismos de protección al patrimonio cultural, que ya no solo implicaban el antiguo saqueo de la riqueza arqueológica sino también presentaba nuevas formas como la invasión por parte de asentamientos humanos de los diversos sitios arqueológicos, con lo que se generaban problemas que trascendían el ámbito cultural y penetraban en los contextos económicos y sociales. También es de resaltar que en esa etapa se alcanzó la declaración de "Patrimonio Cultural de la Humanidad" para varios monumentos y sitios arqueológicos y naturales.
Sucedió a García Pérez, el largo periodo de gobierno de Alberto Fujimori, en donde se evidenció mas que un interés genuino e intenso por el quehacer cultural, un proceso de afinamiento del aparato burocrático relacionado con cultura, básicamente representado por el I.N.C. En ese sentido, las tres primeras Direcciones Nacionales buscaron reorientar los pocos recursos que les asignaba el Estado tratando de racionalizarlos y de incrementar los ingresos propios para así compensar las limitaciones económicas tradicionales del sector. Poco se pudo hacer para estimular y propiciar un mejor reconocimiento económico en la importante tarea de cientos de servidores del I.N.C. y tampoco se pudo satisfacer necesidades en materiales, equipos, técnicos y científicos; sin embargo, el organismo siguió funcionando. Coincide con el periodo la recuperación de la imagen arqueológica peruana con importantes hallazgos e investigaciones como las del Señor de Sipán, la dama de Ampato o la Ciudadela de Caral, todo ello concitó la atención mundial y obligó al Estado peruano a poner mas atención en ese campo; por otra parte, el plan político de incremento del turismo, necesariamente pasaba por una concertación de esfuerzos con el sector cultural, cosa que si bien no se realizó en términos reales si produjo resultados espontáneos. Como siempre la escasez de recursos económicos limitó el accionar de un Estado que no tenía una política cultural definida ni tampoco le interesaba tenerla, todo quedó librado a los esfuerzos individuales de las autoridades de los organismos estatales y al apoyo del sector privado, que en los últimos años fue incrementándose notablemente.
